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| Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres de Juárez Foto: Los Ángeles Press |
CIUDAD JUÁREZ, México.- "Mujer, ¿me estás escuchando? Escúchame muy bien, voy a levantar a tu hija en una camioneta, la voy a decapitar y la voy tirar”, fueron las palabras que escuchó por teléfono la representante legal del Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez, Francisca Galván Segura. A las 6:45 de la mañana del 6 de febrero, por la línea telefónica de su casa, Galván recibía esta descarga de violencia después de exigir la verdad a las autoridades, pero el acoso no ha cesado, por lo que puso una denuncia ayer, 14 de febrero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ella no respondió la amenaza al agresor, sólo colgó el auricular. Paralizada de terror, dijo a Los Ángeles Press, que respiró profundo para tranquilizarse y se recostó por unos minutos. Después llamó a Karla Castañeda, madre de Cinthia Jacobeth, desaparecida en octubre de 2008, para alertarla, porque a ella ya la estaban hostigando policías municipales y agentes de la Fiscalía General de Estado, por haber cuestionado al gobernador en la audiencia pública sobre las mentiras que fabrican la fiscalía en las investigaciones de sus hijas. “Karla, no te muevas. Esto es una cosa seria”, dijo la abogada a Castañeda.
El ambiente de acoso y terror que viven las madres con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez se ha intensificado a raíz de sus protestas y exigencias a las autoridades para conocer la verdad sobre estos crímenes. Desde la entrega de dos huesos fragmentados, supuestamente, identificados por las autoridades como Beatriz Alejandra Hernández Trejo, desaparecida el 27 de abril de 2010, a la edad de 20 años, las madres –indignadas y ofendidas– decidieron emprender una Caminata por la vida de sus hijas, después de revisar el ataúd entregado por las autoridades con los supuestos restos y encontraron que iba relleno de papel reciclado y basura.
Este hecho fue uno más que suscitó la exigencia de la audiencia pública al gobernador César Duarte, realizada el 2 de febrero. Ese día, cuando se reunieron las madres con el gobernador y el presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal, la abogada Francisca Galván Segura fue advertida por el mismo presidente municipal: “Cuídese de los malos”. Y en ese mismo contexto, en discusión con las madres que reclamaban la verdad sobre sus hijas, les gritó el funcionario: “Chingada madre, déjenme hablar”, audio que circuló en las redes sociales para dar cuenta de la falta de sensibilidad del funcionario ante las madres de las víctimas.
Para el 11 de febrero, en torno a las 9:45 de la mañana, la abogada del Comité de Madres recibió otra llamada a su celular por parte del fiscal de Atención a víctimas del delito, Israel Anaya. En esta llamada, el funcionario pidió hablar con ella personalmente y la citó en la Fiscalía de Género. Galván Segura dijo a Los Ángeles Press que una vez en el encuentro, el fiscal preguntó por Karla Castañeda y le ofreció patrullas para rondines del domicilio “donde ella se encontrara”, así como el trámite de pasaporte mexicano para la familia García Castillo, del caso de Brenda Berenice ubicada en Los Ángeles California por este medio hace de un año.
Sin embargo, después de estos ofrecimientos, el fiscal dijo a Francisca Galván que “los municipales hacen cosas de terror y, sabe, yo voy a andar muy pegado a usted para que no se moleste”. La abogada no entendió porqué el fiscal le dijo eso, y porqué no se lo dijo vía telefónica, lo cual considera como una clara intimidación después de las amenazas contra su familia, del hostigamiento contra Karla Castañeda y de las advertencias del propio presidente municipal “para que se cuide”.
En reuniones anteriores con la señora Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas, quien amenazó directamente a la señora Karla Castañeda, Francisca Galván también ha sido intimidada por Ledezma, al insistirle en que “ella no perdona traiciones” y “que se cuide de cada paso que da”. Intimidaciones, que Galván Segura, desestimó su relevancia en esos momentos, no obstante, después de la amenaza telefónica considera que su vida y la de su familia está en riesgo.
Acosos a otros miembros del Comité de Madres
El día de la audiencia pública con el gobernador, el 2 de febrero, un servidor público, del que se desconoce su nombre, se acercó a la señora Martha Rincón, madre de la joven desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, diciéndole en referencia a su esposo: “a José Luis ya le hicimos justicia”, según el testimonio de la abogada del Comité de Madres de Juárez.
Se trata de José Luis Castillo, quien fue preso con cargos no aclarados y posteriormente liberado por la decisión del gobernador, obligándolo a dar las gracias públicamente ante los medios de comunicación.
Francisca Galván también narró la golpiza que agentes ministeriales propinaron al estudiante universitario Marcos Espinoza Rendón, activista del movimiento estudiantil #Yosoy132 Juárez, en un plantón de solidaridad con el Comité de Madres hace un par de meses. Se puso la denuncia de la agresión y hasta la fecha ha sido ignorada por las mismas autoridades.
Sin embargo, el acoso hacia el estudiante y compañero de la universitaria asesinada Idalí Juache, ha continuado con llamadas telefónicas. El mismo día en que allanaron la casa de Karla Castañeda, una mujer llamó por teléfono a Espinoza Rendón y le dijo que había escuchado una grabación donde un comandante ordenaba “que le dieran killer”.
Él preguntó quién era. La mujer nunca respondió y sólo repetía lo que había escuchado. Más tarde, alrededor de las 10 de la noche, al llegar a su casa el estudiante ingresa a Facebook desde su computadora, y una persona que se identificaba como “Boni Flores” le empezó a hablar por mensajes y le dijo exactamente lo mismo.
Durante los días siguientes, en repetidas ocasiones al salir de su domicilio, dos camionetas con agentes ministeriales le cerraban el paso al caminar por las calles del centro de Ciudad Juárez. Incluso varias de las veces lo siguieron hasta su domicilio.
La denuncia ante la Comisión Interamericana
Francisca Galván Segura puso la denuncia de amenazas por parte de agentes del estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, DC. La abogada solicitó medidas cautelares previstas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión para ella y para las seis personas que están en riesgo del Comité de Madres de Juárez.
El registro de la solicitud fue confirmado por un funcionario de la institución internacional con el número 41-3, y se informó a este medio que se analizará la solicitud a la brevedad y si procede la petición de medidas cautelares al Estado mexicano para proteger a las víctimas de hostigamiento gubernamental.
http://www.losangelespress.org/abogada-del-comite-de-madres-de-juarez-pide-proteccion-a-la-cidh-por-amenazas/
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