En su informe entregado en septiembre a la Cámara de Diputados federal, la ASF informó a los legisladores que las promociones de “responsabilidad administrativa sancionatoria” contra los servidores públicos que tuvieron a su cargo el manejo financiero del Seguro Popular, todavía no han sido resueltas por el estado.
La Contraloría de Veracruz sólo indicó a la ASF que en febrero había “iniciado” el procedimiento disciplinario.
El caso del Seguro Popular es uno de los más graves -de varios reportados ese año-, en los que se desviaron enormes cantidades de recursos públicos transferidos por la federación a Veracruz o se aplicaron irregularmente.
Según la auditoría financiera y de cumplimiento: 10‐A‐30000‐02‐0466, de la ASF, se detectó que 405 millones 911 mil pesos no fueron transferidos por el gobierno de Veracruz al Régimen Estatal de Protección Social, por lo que se desconocía su destino.
En tanto que 493 millones184 mil pesos, que se transfirieron a los Servicios de Salud de Veracruz no fueron “comprobados ni reintegrados a la cuenta del Seguro Popular”.
El gobierno también utilizó indebidamente 108 millones 930 mil pesos para pagar conceptos como ISSSTE, seguro institucional de vida, cesantía de edad avanzada, FOVISSSTE, Sistema de Ahorro para el Retiro y seguro de responsabilidad profesional “no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular“.
Finalmente, se halló que 23 millones 559 mil pesos del Seguro Popular se destinaron “para la adquisición de medicamentos que no se encuentran incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y con un precio superior al de referencia”.
plumaslibres.com
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